18 Dic 4 Leyes para un 2018 cargado de cambios

Cuatro leyes tendrán impacto en el primer semestre de 2018 en la vida empresarial, al comenzar a ejecutarse cuatro leyes que modifican las condiciones de funcionamiento  precedentes. Todas tienen un impacto tanto en la gran empresa como en la PYME, y también en los autónomos, empezando por la que entrará en vigor después de recibir el nuevo año

1-La nueva Ley de Autónomos que modifica el Reglamento existente.

Algunas de sus disposiciones comenzaron a aplicarse en octubre del 2017, pero el grueso de sus disposiciones se activan el primer día del año 2018.

-Su modificación más impactante será la ampliación de la tarifa plana, de 50€, que puede hacer aflorar una importante cantidad de trabajadores al sistema.

-La pluriactividad con contrato por cuenta ajena jornada completa facilita el pago de las cuotas: 18 meses un 50% de rebaja y 18 meses posteriores rebaja del 25%.

–Deducciones de 30% en el caso de luz, agua, gas, telefonía e internet. Una deducción de un 30%  si se trabaja en el domicilio, afectando la parte proporcional del domicilio utilizada.

-Los gastos de titularidad de domicilio, como IBI, Comunidad de Propietarios serán deducibles en proporción al área en la actividad.

-Se rebajan los cargos por retraso en la cuota de cotización: 10% hasta 1er mes de retraso, 20% en el 2o mes, 20% si el retraso es de dos meses pero entra en el acta de liquidación, este sube a  35% si es posterior.

-El in itinere, permite que se deduzcan hasta 27,27% diarios por gastos de desplazamiento en España. Más en el exterior.

2-El Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Con esta herramienta, a partir del 25 de mayo de 2018 las empresas deberán implantar sistemas de cifrado y de doble factor de autenticación, para operaciones que precisen protección de datos, incluso siendo de nivel elemental.

-Opción de cifrado. A través de herramientas que facilitan el cifrado de los dispositivos informáticos, incluyendo el móvil.

-Opción alternativa al cifrado convencional. Mediante sistemas como la encriptación que envian información ininteligible.

-Deberán comunicarse las brechas de seguridad y la intrusión en los archivos de la empresa tanto a las autoridades como a los afectados.

-Las multas por incumplimiento llegan a cifras verdaderamente peligrosas para la estabilidad de las empresas.

-Para evitar dicho riesgo, implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información e incorporación, inclusive a las PYMES, del Delegado de Protección de Datos (DPO). Cada empresa está obligada en mayor o menor intensidad según su dimensión.

3- La ley sobre Responsabilidad Penal Empresarial

Esta ley penalizará penalizar a las personas jurídicas, las empresas, por delitos que puedan considerarse de corrupción. Su sistema de prevención es conocido como el compliance. Se lleva aplicando desde hace casi dos años, pero profundiza su ejecución el año entrante.

-La responsabilidad por la comisión de un delito recaerá tanto en la empresa como en el empleado que lo haya ejecutado.

-Las empresas deberán tener un Programa de Integridad para la prevención de ilícitos si quieren ser contratadas por el Estado.

-Serán delitos para las empresas el cohecho, el tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y la falsificación de balances.

-Las empresas sólo podrán esquivar el delito si las personas afectadas no crearon provecho para dicha empresa.

-Las multas pueden ir de dos a cinco veces el beneficio obtenido de forma indebida.

4- Ley de Contratos del sector Público

Esta ley que entra el vigor el 9 de marzo:

–Suprime la posibilidad de contratación sin publicidad.

-Hace obligatoria la factura electrónica.

-Facilita el pago directo de la Administración a los subcontratistas.

-Resalta la importancia de la calidad de las ofertas que deberán respetar normas de transparencia, igualdad, o medio

–Obliga a rechazar las ofertas anormalmente bajas por considerar que pueden no cumplir con disposiciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.